RAMA: DERECHO PENAL
Los Códigos Penales, como instrumentos del sistema
judicial de un país, recogen, los tipos penales, de aquellas conductas
prohibidas que van en contra de la sana convivencia y paz social, por lo tanto,
los mismos están llamados a disponer en su contenido, y en un sentido amplio, toda la doctrina, principios y el grueso del
ordenamiento jurídico, relativo a la materia penal.
A partir de 1.863, fecha en la cual fue creado el
primer Código Penal en Venezuela, ha sido reformado infinidad de veces;
paralelo a él, se han creado, y se sigue creando, un compendio de normativas
(leyes, leyes orgánicas, ordenanzas, por solo mencionar algunas), con amplísimo
contenido penal, generando todo un coctel o mezcla de una legislación que por
su naturaleza, no debería estar dispersa.
Esta descodificación del Código, ha generado una
especie de anarquía legal, ya que el exceso de normativa sobre una misma
materia, origina el desorden en cuanto a la interpretación, vigencia,
superposición, repetición, derogatoria,
y hasta despenalización de delitos. Es por ello, que los códigos penales, están
llamados a ser “autosuficientes”, monopolizadores en su contenido de todos los
tipos penales, orientado al principio constitucional de sistematización (lógica y
coherencia).
Pareciera un desperdicio, que basado en una necesidad,
una emergencia y en algunas ocasiones hasta por conveniencia, el legislador, ve
como la solución a ciertos problemas, es la aprobación indiscriminada de nuevas
leyes, cuando en realidad, la solución radica en la reforma y actualización del
Código, evitando dispersar el basamento jurídico penal, haciéndolo engorroso y
poco digerible.
Esta “multiplicación”, o “inflación legislativa”, como
le llaman algunos autores, a mi manera de ver, lo que ha originado es la
incompetencia e ineficacia de este
bagaje jurídico, convirtiéndose en un problema para la administración de
justicia de nuestro país, ya que no es fácil, en primer lugar conocer a ciencia
cierta todas estas leyes disponibles, analizarlas, interpretarlas, verificar su
vigencia, aplicabilidad, si rozan o colidan con otras, solo por mencionar
algunas de las trabas con las que seguramente, se encontraran para cada caso en
especial.
Considero, que esta “descodificación” del Código
Penal, originado por la incontrolable proliferación de leyes y normas con
contenido penal, en nada favorece al ya criticado sistema de administración de
justicia de nuestro país, por el contrario, pienso que lo ha hecho más
ineficiente, reflejándose en la lentitud con que se tratan los casos en nuestros
tribunales, posiblemente, por la difícil tarea de interpretación, haciéndose
engorroso, y tardío, el proceso de la
generación necesaria de doctrina y jurisprudencia. Lo anterior, concibe la
lamentable e innecesaria inseguridad jurídica, fácilmente perceptible, tomando en
consideración que si esta descodificación representa un problema para los
administradores de justicia, para el ciudadano común, es un verdadero dolor de
cabeza, ya que la misma legislación disponible en Venezuela, le obliga a
“cumplir” con el contenido de un ordenamiento
jurídico por demás exagerado, sin poder alegar o excusarse en el
“desconocimiento”, para su cumplimiento. Debido a la ignorancia del contenido
de tantas leyes, el ciudadano y gran parte de la sociedad, desconocen a ciencia
cierta cuáles son los delitos, cómo prevenirlos y reprimirlos, optando en
algunas ocasiones, a tomar la justicia en sus propias manos, por la
desconfianza e inseguridad en un sistema de justicia, ineficiente en el control
de la delincuencia.
Conclusión: Pareciera
no haber dudas, que ese “desglose” innecesario del Código Penal, en nada ha
servido, para mejorar la administración de justicia. Contrariamente a lo
pensado, la disponibilidad de innumerables instrumentos legales con contenido
penal, ha causado un verdadero caos en nuestro sistema penal, haciéndose
necesario, que todo este contenido disperso, sea analizado, estudiado,
interpretado y extraído, de tal manera que permita reunirlo en un sola herramienta “Código Penal”, o como
le llaman algunos autores, el “libro de faltas y contravenciones”, que permita
la recuperación de la confianza y de la seguridad jurídica en los venezolanos.
David Alvarez
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